* Fallo en contra del doctor que vinculó la vacuna triple vírica con el autismoDurante dos años y medio, el Consejo General Médico británico (GMC) ha estado analizando todos los archivos y testimonios relacionados con el caso de 12 niños con autismo, síndrome de Asperger o epilepsia tratados en el hospital Royal Free de Londres. Allí, el doctor Andrew Wakefield vinculó estos trastornos con la vacuna de la triple vírica -sarampión, rubeola y paperas- y creó una corriente de pánico entre los padres de todo el mundo que todavía colea. Ahora, ha quedado desacreditado por sus propios compañeros de profesión.
* El proceso ha durado dos años y medio y han participado más de 30 testigos
La historia se remonta a 1998, cuando el galeno, junto a otros colegas, firmó un artículo publicado en la famosa revista médica 'The Lancet' en el que explicaba caso por caso la situación de cada menor y apuntaba directamente a la vacuna como la responsable de todos los males. A partir de entonces, muchas familias dejaron de inmunizar a sus hijos, presas del miedo, y la incidencia del sarampión aumentó en todo el mundo.
Pero lo que nunca reveló el doctor Wakefield es que recibía dinero de los abogados de unas familias contrarias a la vacuna y que estaba incurriendo en un claro conflicto de intereses, según ha averiguado el GMC. Tampoco contó cómo consiguió convencer a los menores para participar en su estudio ni las pruebas que les realizó. Sin embargo, la alarma pública que generó con su asociación entre la vacuna y el autismo llevó a las autoridades sanitarias a investigar más a fondo su trabajo.
Y, a partir de ahí, todo fue tirar de la manta. Descubrieron que sometió a los niños a procedimientos invasivos que no necesitaban, como colonoscopias y punciones lumbares y que durante la fiesta de cumpleaños de su hijo pagó cinco libras (unos 5,7 euros) a unos niños para que se dejasen hacer un análisis de sangre, según ha revelado la prensa británica estos días.
Dichos procedimientos en niños están calificados en las guías éticas médicas como "de alto riesgo". Ahora, después de haber gastado 1,1 millones de euros en la investigación y tras casi 200 días (a lo largo de dos años y medio) de 'juicio' médico -un proceso más largo que el famoso de OJ Simpson, que duró 134 días-, el Consejo ha quitado cualquier credibilidad a Andrew Wakefield, de 53 años, al que acusan de actuar en favor de sus propios intereses y no en favor de los niños.
El fallo recoge que el médico, junto a otros dos compañeros, "actuó de forma deshonesta y describió su análisis de forma engañosa e irresponsable". Queda por ver si le retiran también la licencia para ejercer la medicina, aunque esta decisión tardará varios meses.
A pesar de todo, el galeno sigue defendiendo su postura. En una declaración a la prensa tras conocer el veredicto, Wakefield ha manifestado su "decepción" por las conclusiones del GMC y ha dicho que éstas son "infundadas" e "injustas".
La seguridad de la vacuna
Tras la publicación del estudio que relacionaba la triple vírica y el autismo, fueron muchas las voces médicas que se manifestaron en contra de esta asociación. De hecho, en 2004, la misma 'The Lancet' publicó que esta relación no estaba probada y hoy día es una teoría desacreditada. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo caló en los padres, que dejaron sin protección a sus pequeños, y la seguridad de esta inmunización, desde entonces, ha estado siempre en entredicho.
Con motivo del final del proceso, que ha levantado bastante expectación, Richard Horton, editor de la revista médica que dio espacio a las teorías de Wakefield, ha declarado al diario 'The Times' que "nunca debimos publicar ese artículo. Fue un error grave".
Según el GMC, este asunto trasciende las implicaciones médicas y los daños causados a la salud de muchos menores. Está también en juego la honestidad y la credibilidad de la profesión. Los cargos a los que se ha enfrentado Wakefield van en contra de cualquier ética médica. Como recuerda el diario británico, tras la experiencia alemana en la II Guerra Mundial, surgieron muchas normas y regulaciones para proteger a los pacientes, especialmente a los niños, de la posibilidad de ser usados como cobayas humanas. Algo que, aunque los implicados niegan, se ha vulnerado en este caso.
Desde | El Mundo
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